Procede si la pena probable no excede 3 años, no hay condena anterior por crimen o simple delito y no existe otra suspensión vigente o reciente. El juez fija condiciones por 1 a 3 años; cumplidas, se dicta sobreseimiento definitivo.
Qué hacer ahora
- Pida la lista exacta de condiciones y el plazo, que no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3.
- Antes de aceptar, verifique si es posible cumplir con las condiciones: si la condición es firmar mensualmente o asistir a tratamiento, calcule si podrá hacerlo durante todo el plazo.
- Si es víctima, asista a la audiencia para que sea oída respecto de la procedencia y de las condiciones. Si no asiste, no será oída y la resolución igual la afectará.
Suspensión condicional: requisitos y condiciones
La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el fiscal y el imputado, aprobado por el juez, en virtud del cual el proceso se detiene mientras el imputado cumple ciertas condiciones durante un plazo determinado. Si las cumple, la causa termina sin condena.
El fiscal, con el acuerdo del imputado, puede solicitarla al juez de garantía, quien puede requerir del Ministerio Público los antecedentes que estime necesarios para resolver. Procede en tres supuestos que deben concurrir: si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad; si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; y si no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, o hubieren transcurrido más de tres años desde la anterior resolución que la decretó, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.
La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventile la solicitud constituye un requisito de validez. Si el querellante o la víctima asisten a esa audiencia, deben ser oídos por el tribunal.
Tratándose de imputados por homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción de menores, aborto, los delitos contemplados en los artículos 361 a 366 bis y 367 del Código Penal, determinados delitos de la Ley 17.798, los delitos o cuasidelitos cometidos empleando esas armas, y conducción en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones graves o gravísimas, el fiscal debe someter su decisión de solicitarla al Fiscal Regional o al Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial.
Al decretarla, el juez de garantía establece las condiciones a las que deberá someterse el imputado, por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres. Durante ese período no se reanuda el curso de la prescripción de la acción penal, y se suspende el plazo de dos años del artículo 247.
Las condiciones que puede imponer son nueve: residir o no residir en un lugar determinado; abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza; tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación; pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima, o garantizar debidamente su pago, pudiendo autorizarse el pago en cuotas o dentro de un plazo que no exceda el período de suspensión; acudir periódicamente ante el Ministerio Público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones; fijar domicilio e informar cualquier cambio; prohibición de tenencia o porte de armas de fuego, con las comunicaciones que correspondan a la autoridad; y otra condición que resulte adecuada al caso concreto y sea propuesta fundadamente por el Ministerio Público.
La resolución que se pronuncia acerca de la suspensión condicional es apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante.
Revocación, efectos y la modalidad para consumo problemático
La suspensión se revoca cuando el imputado incumpliere, sin justificación, grave o reiteradamente las condiciones impuestas, o cuando fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos. La revocación la decreta el juez a petición del fiscal o de la víctima, y el procedimiento continúa de acuerdo a las reglas generales. Esa resolución es apelable.
Tratándose de la modalidad de tratamiento de drogas o alcohol, la ley precisa qué cuenta como incumplimiento: la no adherencia al tratamiento y el incumplimiento grave y reiterado de las actividades determinantes para la rehabilitación.
Si transcurre el plazo fijado por el tribunal sin que la suspensión sea revocada, se extingue la acción penal y el tribunal debe dictar, de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento definitivo.
La suspensión condicional no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Si la víctima recibió pagos en virtud de la condición de indemnización, ellos se imputan a la indemnización de perjuicios que pudiere corresponderle. Y la suspensión no impide de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.
Existe una modalidad especial para el tratamiento problemático de drogas o alcohol. Puede decretarse con acuerdo del fiscal y del imputado respecto de toda persona que voluntariamente acepte la condición de someterse a tratamiento, y procede si se acredita la dependencia o consumo problemático como factor determinante para la comisión del delito; si la pena que pudiere imponerse no excediere de cinco años de privación de libertad; y si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Hay además una diferencia relevante respecto de la modalidad común: en esta el plazo que fija el juez no puede ser inferior a un año ni superior a cinco.
Para acreditar la dependencia o el consumo problemático se confecciona un informe de evaluación diagnóstica por una institución o por profesionales designados previamente por el tribunal, debiendo preferirse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en caso de existir oferta, sujeto a la confirmación diagnóstica de la institución tratante. La audiencia se realiza con la comparecencia de los intervinientes y favoreciendo la participación del imputado, con el objeto de obtener información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar una recaída.
Esta modalidad contempla audiencias de seguimiento, cuya periodicidad determina el juez y que en todo caso deben realizarse al menos una vez al mes, y una audiencia de egreso al término del período decretado o del tratamiento y su fase de seguimiento, en la que se revisan los avances obtenidos y la causa se sobresee definitivamente.
Dudas frecuentes
¿Qué pasa si incumplo una condición?
Si el incumplimiento es grave o reiterado sin justificación, o hay una nueva formalización por hechos distintos, se revoca y el procedimiento continúa (CPP art. 239).
¿Existe una modalidad para consumo de drogas o alcohol?
Sí: pena probable de hasta 5 años, informe diagnóstico, audiencias de seguimiento al menos mensuales y plazo de 1 a 5 años (CPP art. 238 bis).
¿La víctima pierde su indemnización?
No. La suspensión no extingue las acciones civiles; lo pagado se imputa a la indemnización que corresponda (CPP art. 240).
¿Le ofrecieron una salida alternativa o un procedimiento especial?
Una salida alternativa o un procedimiento abreviado se negocian antes de aceptarlos, no después. Saber si la pena ofrecida permite cumplir en libertad, si las condiciones son realmente cumplibles y cómo queda la indemnización exige revisar la carpeta y hacer el cálculo de pena por escrito.
- Antes de aceptar una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio o un abreviado.
- Si el fiscal ofreció una pena y necesita saber si es razonable.
- Si como víctima debe decidir si acepta un acuerdo y con qué garantías.
Fundamentos normativos y fuentes
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